Indígenas de Quintana Roo deberán ser consultados sobre siembra de transgénicos

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concedió un amparo a comunidades indígenas de Quintana Roo para que se les consulte sobre el uso comercial de semillas de soya genéticamente modificada.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), otorgó un permiso de siembra de semillas de soya genéticamente modificada, por lo que comunidades indígenas promovieron un juicio de amparo, al considerar que se había violado su derecho a ser consultadas, en términos del artículo 2° constitucional.

Por unanimidad, los ministros de la Segunda Sala determinaron que los pueblos y comunidades indígenas del país tienen derecho a ser consultados en aquellos casos en que pueda actualizarse un impacto significativo, esto es, cuando se pueda afectar su vida y entorno de manera relevante.

Por tanto, concedieron el amparo que deja insubsistente el permiso otorgado por la Sagarpa en las comunidades involucradas en el asunto, y ordenaron que tanto la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas como la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, lleven a cabo la consulta en un plazo de 6 meses, tal y como lo ordenó el Juez de Distrito.

Los ministros precisaron que la Segunda Sala no validaba los datos y estudios científicos que existen en la materia, ni se emitió un pronunciamiento sobre cuál de ellos es fiable o debe prevalecer, por lo que consideraron que lo pertinente era la realización de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, a efecto de garantizar sus derechos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Así, la Segunda Sala advirtió la existencia de datos e investigaciones científicas que llegan a conclusiones diversas sobre las consecuencias que en el medio ambiente y la salud de las personas implica el permiso en cuestión.

Sin embargo, los ministros consideraron que tales datos habrán de ser evaluados por las autoridades encargadas de llevar a cabo la consulta y de pronunciarse sobre la emisión o no de un nuevo permiso, esto es, habrán de tomar en consideración la mejor evidencia científica disponible.

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