¿Crisis Agroalimentaria En Venezuela?

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estableció en el Programa contra el hambre en 2002 que “la existencia del hambre en un mundo caracterizado por la abundancia, no solo es una vergüenza moral, sino también una torpeza desde el punto de vista económico y político”.

En este documento proponemos algunas bases para el diseño de estrategias de gestión pública para lograr la seguridad y soberanía agroalimentaria en Venezuela, las mismas son de diferente naturaleza (estabilidad, disponibilidad, acceso, uso e institucionalidad) y constituyen una modesta contribución ante la crisis agroalimentaria en el país.

Asumir de manera sistémica la seguridad y soberanía agroalimentaria. Las relaciones que existen entre la agricultura y los agentes socioeconómicos que participan a lo largo de la cadena agroalimentaria, exige que la actividad agrícola sea considerada desde una doble perspectiva: de manera particular, con sus propios elementos constituyentes e interrelaciones; y de manera general, como un sector fuertemente integrado al resto de la sociedad. Desde la visión sistémica, la estrategia y políticas agrícolas deben diseñarse de acuerdo con los objetivos del sistema y la estrategia de seguridad y soberanía alimentaria, definidas éstas en términos del logro de un nivel de abastecimiento estable con suficiencia plena, autonomía y la garantía del acceso de toda la población a una ingesta de energía y nutrientes que correspondan a sus requerimientos alimenticios.

Conocer la complejidad del sistema. El sistema agroalimentario venezolano es “complejo”, dada la diversidad de elementos y actores queinteractúan. Las unidades de producción primaria constituyen un primer eslabón de la larga cadena agroalimentaria. En éstas se combinan los recursos para obtener bienes agrícolas que satisfagan las necesidades alimenticias de la población y permitir a sus propietarios ingresos económicos. En consecuencia, no pueden estar aislados, ya que se relacionan con otros sectores que ofrecen bienes y servicios requeridos para sus procesos productivos, como agrocomercios, agroservicios, agrosoportes, entre otros, así como de otras industrias que directa o indirectamente están vinculadas con su actividad. No obstante, no es suficiente obtener bienes agrícolas en las unidades de producción, se necesita además de otros agentes que pongan a disposición de los consumidores los productos.

Una gran parte de estos rubros son destinados al consumo directo, por lo que se requiere de otros eslabones como mercados mayoristas, supermercados, panaderías, restaurantes, entre otros; mientras que otros son destinados a la agroindustria, quien los procesa, almacena y transporta al mercado para que los consumidores puedan adquirirlos. Asimismo, los sectores y agentes mencionados anteriormente, requieren del sistema financiero para obtener recursos económicos y poder adquirir los diferentes insumos, que a su vez, dependen en gran medida, del mercado internacional, sobre todo en cuanto a las importaciones de materias primas, insumos diversos, bienes de capital, entre otros. Paralelamente, los centros de investigación y desarrollo como las universidades, institutos de investigación, deben aportar ciencia y tecnología a los diferentes procesos productivos.

Dada la complejidad agroalimentaria del país, es urgente que las decisiones, medidas y regulaciones implementadas por el Estado, tomen en cuenta todo el sistema, cuyo objetivo principal sea satisfacer diariamente las necesidades de energía y nutrientes de todos los venezolanos y no tratar de incidir de manera aislada en uno o pocos componentes del sistema agroalimentario;en consecuencia, la gestión agroalimentaria debe ser de carácter multisectorial y complejo. Debe tomar en cuenta las relaciones entre los diversos componentes y hacer posible que el sistema evolucione permanentemente en el sentido de cumplir con eficiencia creciente, su objetivo principal, considerando al menos áreas funcionales como el consumo, abastecimiento, transformación y comercialización.

Acordar y participar.El diseño de una estrategia de seguridad y soberanía alimentaria debe ser el producto de un proceso amplio de consenso y consulta de todos los actores relacionados con el sistema agroalimentario nacional, incluyendo al Estado, como ente promotor del desarrollo integral y sostenible. Partiendo de esta premisa, todos los sectores vinculados a la actividad agrícola (producción, comercialización, agroindustria, agrocomercios, agrosoportes y el Poder Ejecutivo), deben asumir la responsabilidad de construir las condiciones necesarias para la producción nacional, regional o local de alimentos de calidad y en cantidades suficientes, accesibles a toda la población, muy especialmente, a los sectores más deprimidos tanto en lo social como en lo económico, generando además riquezas distribuibles entre todos los eslabones de la cadena agroalimentaria. La Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria de 2008, publicada en Gaceta Oficial N° 5.889 Extraordinaria, define la seguridad agroalimentaria como la capacidad efectiva que tiene el Estado, en corresponsabilidad con el sector agroalimentario nacional, para garantizar a toda la población, la disponibilidad, acceso, intercambio y distribución equitativa de los alimentos de manera estable.

Asumir la autosuficiencia alimentaria.Una estrategia nacional debe asumir la seguridad y soberanía agroalimentaria dentro de un contexto amplio y sistémico, como un elemento vital para la seguridad, soberanía y defensa del país. En la medida en que el país se acerca a la autosuficiencia alimentaria, no solo estará disminuyendo su dependencia externa, sino que estará defendiendo a su capital humano, al rescatar de la malnutrición a los grupos de ciudadanos más vulnerables.

Garantizar el sistema agroalimentario por parte del Estado. La seguridad y soberanía agroalimentaria del país es una función claramente definida en el texto constitucional de 1999, tal como lo señala el Artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de allí que la actuación del Estado en materia de gestión agroalimentaria, se debe enfocar hacia dos aspectos fundamentales: disponibilidad suficiente y acceso oportuno y permanente, sin tratar de ser productor, comercializador y transformador.

La disponibilidad suficiente y estable de alimentos se refiere a que internamente debe procurarse que se produzcan cantidades suficientes de alimentos, tanto para el consumo directo como para el industrial, diseñar programas o propuestas que estimulen la producción nacional, garantizar la seguridad jurídica en cuanto a la propiedad de los medios de producción, brindar los recursos financieros requeridos, desarrollar planes de capacitación, transferencia y adopción de tecnologías, y dotación de la infraestructura.Debe apuntalarse el concepto de desarrollo sostenible, entendido como el proceso capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras;desde esa perspectiva, el desarrollo económico y el uso racional de los recursos naturales están inexorablemente unidos en el tiempo y el espacio.

 

La disponibilidad o abastecimiento es suficiente cuando satisface los requerimientos nutricionales de la población, en términos de proteína, vitaminas, minerales y energía, considerando la distribución de alimentos entre los individuos y grupos que componen la sociedad, así como las posibilidades reales de acceso a la disponibilidad alimentaria del colectivo social. Es estable, cuando satisface las necesidades de manera permanente, oportuna y confiable. Sobre este último aspecto es necesario acotar que no basta proveer las cantidades requeridas en un año de algún alimento esencial como la leche o carne; es necesario, que ese suministro esté disponible siempre. La disponibilidad debe ser también autónoma, es decir, no se logra una seguridad agroalimentaria plena si la disponibilidad de alimentos depende de las importaciones de manera significativa.

Finalmente, la disponibilidad tiene que ser de calidad, por lo que las regulaciones gubernamentales deben estar orientadas a garantizar que la población tenga acceso a alimentos inocuos, de alto valor nutricional y que no pongan en riesgo la salud. Se trata entonces de pasar de un Estado extremadamente intervencionista a un Estado que genere oportunidades y condiciones favorables para la inversión en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, con el propósito de promover la producción competitiva de alimentos con alto valor nutricional, fomentando el acceso y la mejor utilización de los recursos. Asimismo, el Estado debe favorecer los procesos de investigación e intercambio y recuperación de experiencias para la seguridad alimentaria regional, nacional y local, generando condiciones que fortalezcan los sistemas de distribución y comercialización de alimentos.

El acceso oportuno y permanente se refiere a una estrategia de gestión que busque lograr la seguridad y soberanía alimentaria facilitando el acceso de los alimentos a la población. Por tanto, se deben tener en cuenta los siguientes temas: salarios, precios, empleo y educación alimentaria, los cuales deben ser atendidos por un Estado que apueste al futuro y promueva el desarrollo. Los salarios deben revisarse periódicamente y ajustarlos en niveles racionales para que el poder adquisitivo permita comprar la canasta alimentaria, así como tener acceso a otros bienes y servicios. Lógicamente, debe enfatizarse en la creación de fuentes de empleo suficientes tanto en calidad como en cantidad, que brinden oportunidades reales para lograr un estándar de vida adecuado. De igual manera, la política de precios también debe estar vinculada con el control de la inflación. La educación alimentaria resulta de vital importancia para alcanzar la seguridad agroalimentaria. Es necesario evitar los extremos de la mala nutrición. Los esfuerzos que en el pasado se realizaron deben ser retomados, y educar a la población sobre el uso y combinación de los alimentos para garantizar una nutrición óptima y saludable. Además, debe atender a los grupos más vulnerables.

Considerar lo local y regional como ámbitos de acción. Es imperioso repensar los ámbitos de acción de la gestión de la seguridad y soberanía agroalimentaria y adecuarla a lo local y regional o de integración, lo cual no es nada nuevo. En lo local, las acciones orientadas para abastecer de alimento a la población, en alguna medida no han resuelto dicho problema ya que no llegan a los estratos más necesitados, posiblemente por la falta de coherencia de las políticas nacionales y locales para fortalecer la seguridad y soberanía agroalimentaria en los municipios. De manera general, este cambio institucional que supone la incorporación de lo local en una estrategia de seguridad y soberanía agroalimentaria debe impulsar los procesos productivos de acuerdo a las realidades agroecológicas y culturales de las regiones, a través de recursos financieros y programas de infraestructura.

Considerar el desarrollo sostenible y la ética. El desarrollo sosteniblerequiere una serie de cambios tecnológicos, científicos, culturales, políticos, ecológicos y económicos. Se trata de cambiar la actitud de las personas hacia una economía más racional, más humana y pensando no solo en satisfacer las necesidades presentes, sino, considerar los requerimientos de las futuras generaciones. Indudablemente, aceptar estos cambios demanda un elemento fundamental: la ética. Los recursos naturales no pueden ser utilizados indiscriminadamente, no solo porque una actitud de ese tipo deja ver claramente, que se está olvidando que el ser humano es parte integrante, vital, de este sistema y que la ecología y el ambiente son un derecho de los seres humanos.

En Venezuela el desafío de incorporar la ética para lograr el desarrollo sostenible, parece haber quedado muy lejos de ser aceptado. Los productores agrícolas aún utilizan prácticas contrarias a la preservación de la vida, tales como tala y quema indiscriminada de bosques y vegetación natural, empleo excesivo de agroquímicos, entre otras. Las agroindustrias no consideran el valor de la conservación ambiental y las relaciones justas entre éstas y la sociedad en la cual se desarrollan, es decir, sin asumir la responsabilidad social como un intrínseco de las organizaciones económicas. En el país no se puede lograr un desarrollo sostenible de la agricultura sin políticas orientadas a resolver el problema de la injusticia social que se hace evidente en el campo.En el ordenamiento jurídico vigente se declara la intención de promover el desarrollo agrario con base a la justicia, distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, asegurando la biodiversidad y la seguridad y soberanía agroalimentaria. La ética debe ser la promotora de todas las acciones orientadas hacia la sostenibilidad de la agricultura.

Las dimensiones sociales, económicas, ambientales y político-institucional del desarrollo sostenible, podrán ser alcanzadas solo si el hombre toma conciencia de la necesidad de vivir en armonía con su entorno, por lo tanto, la ética luce como un imperativo para lograr la sostenibilidad de la vida en el planeta y debe ser incorporada en los diferentes ámbitos de la agricultura. Este reto, sin lugar a dudas, lleva implícito un cambio de actitud en el hombre moderno, que le permita sustituir su comportamiento como homo faber (hombre que hace) y homo sapiens (hombre que piensa), por el de homo concors, es decir, el hombre en armonía consigo mismo.

Establecer un sólido sistema de información. El país no dispone de un sistema de información confiable, objetivo, científico y en tiempo real, que permita contar con datos necesarios para determinar dónde se produce, qué se consume, qué se produce, quiénes lo producen, quiénes lo transforman y transportan, quiénes lo consumen, en qué cantidades lo consumen, dónde lo compran, a qué precios lo compran y a qué costos lo producen. Este sistema de información permitiría planificar sobre una realidad concreta, que considere todas las variables que intervienen en los procesos y subprocesos del sistema agroalimentario.

Utilizar tecnologías adecuadas. El uso de tecnologías de punta en la agricultura permitiría pasar de modelo tradicional a uno de precisión. Para ello se requiere, además de un sistema de información, de un plan nacional de capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica permanente al productor, que permita incrementar la producción y productividad al incorporar tecnologías amigables con el ambiente y adaptadas a las características socioculturales y económicas de las zonas productoras.

Asumir el desarrollo rural de manera integral. Es necesario diseñar y promover un programa de desarrollo rural integral, que brinde a los productores y a sus familias, condiciones adecuadas para que puedan vivir y desarrollarse plenamente, en las zonas rurales. Se requiere incentivar la vida y permanencia de los productores en el campo, en sus áreas de trabajo, y no tengan que movilizarse a áreas urbanas.

Garantizar seguridad personal y jurídica en las zonas productoras. Es imperioso garantizar la propiedad plena de los medios de producción, la libertad comercial y la seguridad de las personas que optan por dedicarse a la actividad agrícola. Esto estimularía significativamente la inversión en el sistema agroalimentario; pero además, urge sincerar la situación de las tierras aptas para la actividad agrícola que están en manos del Estado y en los actuales momentos improductivas.

El Estado debe promover y gestionar a través de políticas el logro de la seguridad y soberanía agroalimentaria del país. Por consiguiente, debe orientar esfuerzos constantes y eficaces para diseñar estrategias que permitan que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a recibir una alimentación de calidad, ya que “existe seguridad y soberanía alimentaria, cuando todas las personas en todo momento tienen acceso económico y físico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto alimentos a fin de llevar una vida sana y activa”.

1Ingeniero Agrónomo, Magister en Gerencia de Agrosistemas. Doctor en Ciencias Humanas, en la línea de Política y Seguridad Alimentaria. Docente-Investigador Titular del Departamento de Formación General de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, LUZ y participante del Programa Avanzado de Gerencia del IESA. jjperezgonzales@gmail.com

2TSU en Tecnología Agrícola, Ingeniera Agrónoma, Maestra en Ciencias en Fruticultura, Doctora en Ciencias en Botánica. Adscrita al Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación, Categoría C. ExDirectora del Instituto de Investigaciones Agronómicas, Universidad del Zulia (LUZ). Ex-Decana de la Facultad de Agronomía, LUZ.  Editora Asociada de la Revista de la Facultad de Agronomía, LUZ. Editor-Jefe de la Revista de la Facultad de Agronomía, LUZ. Docente-Investigadora Titular del Departamento de Botánica, Facultad de Agronomía, LUZ. @adrianabsanchez, en Instagram absanchezu, usanchez@fa.luz.edu.ve

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