América Latina y el Caribe sufrió una histórica reversión en su lucha contra la pobreza rural

La pobreza en las zonas rurales de América Latina y el Caribe ha vuelto a crecer luego de una década, señala una nueva publicación de la FAO, presentada este miércoles durante la Semana de la Alimentación y la Agricultura, en Buenos Aires, Argentina.

La primera edición del Panorama de la Pobreza Rural en América Latina y el Caribe advierte sobre una histórica reversión en la pobreza rural de la región, la cual creció en dos millones de personas entre 2014 y 2016, alcanzando un total de 59 millones.

Desde 1990 hasta 2014, la pobreza rural en la región había caído casi 20 puntos porcentuales, desde un 65% a un 46%. Pero entre 2014 y 2016, tanto la pobreza como la pobreza extrema aumentaron dos puntos porcentuales cada una, alcanzando, respectivamente, 48% y 22%.

La última vez que la región pasó por un retroceso de esta magnitud en materia de pobreza rural fue por los efectos de la crisis financiera internacional de 2008.

“No podemos tolerar que uno de cada dos habitantes rurales sea pobre, y uno de cada cinco, indigente. Peor aún, hemos sufrido una reversión histórica, un quiebre que vuelve patente que nos estamos olvidando del campo”, señaló Julio Berdegué, Representante Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Una buena parte de las personas que migran por desesperanza, lo hacen desde zonas rurales diezmadas por la pobreza, la inseguridad y la vulnerabilidad ambiental. Según el Panorama de la Pobreza Rural, el ingreso laboral anual promedio de un trabajador del sector rural en América Latina el 2015 era de USD 363 dólares, menos de la mitad de los USD 804 de los trabajadores urbanos.

La mayor parte de la emigración centroamericana se origina en municipios rurales, incluyendo pequeños pueblos y ciudades con menos de 100 mil habitantes. En Honduras, el 76% de los emigrantes provienen de 295 municipios rurales. En El Salvador, el 70% proviene de 257 municipios rurales, y en Guatemala el 61% de los emigrantes proviene de 325 municipios rurales.

“La migración irregular e insegura desde el campo es un asunto social y políticamente prioritario. Su solución incluye convertir los territorios rurales en lugares prósperos y socialmente cohesionados”, explicó Berdegué. Según la FAO, eliminar la pobreza rural es clave para enfrentar a las economías ilegales como el tráfico ilícito de drogas, la trata de blancas, la tala de bosques y minería ilegal, las que han venido ganando espacio en la región y aumentan la inseguridad en los territorios rurales.

Según el Panorama de la Pobreza Rural, pese a que solo el 18% de la población de la región vive en zonas rurales, éstas concentran el 29% de todas las personas pobres de América Latina –59 millones–  y el 41% de todos los pobres extremos de América Latina, 27 millones de mujeres y hombres.

“El campo y lo rural son lugares claves para el crecimiento económico de los países, para el desarrollo de sus exportaciones y para el empleo de millones. Allí está la base de la agroindustria, que impulsa la innovación científica y tecnológica en la región, y también está la agricultura familiar que hoy produce la mayor parte de los alimentos de consumo local”, explicó Berdegué.

El Panorama de la FAO destaca que hay países que han sido muy exitosos en su reducción de pobreza rural en la región: entre 1990 y 2014, Brasil redujo de 71% a 29% su pobreza rural; Bolivia redujo su pobreza rural de 79% en 1997 a 54% en 2013. Chile la bajó de 39% a 7%. Colombia redujo su pobreza rural de 61% en 1991 a 42 % en 2014. De 2000 a 2015, Ecuador la redujo de 66% a 27%, y Paraguay de 70% a 51%. Perú la disminuyó de 73% a 46%, desde 1997 a 2014.

Sin embargo, en la región aún existen territorios que son verdaderas “trampas de pobreza”, incluso en países de ingreso altos. Persisten enormes brechas entre las posibilidades de desarrollo de los territorios urbanos y rurales.

Si consideramos la velocidad actual de reducción de estas brechas de oportunidades, disminuirlas a la mitad tomaría entre 22 y 40 años en el Perú, entre 19 y 29 años en México y entre 17 y 41 años en Chile.

La meta 1.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 llama a reducir al menos a la mitad la proporción de personas que viven en la pobreza al año 2030.

Tomando en cuenta el ritmo de reducción de la pobreza en los últimos cinco años para dieciséis países de la región, varios no alcanzarán ésta meta en sus zonas rurales.“Sin desarrollo rural no habrá desarrollo sostenible, ya que 132 de las 169 metas de los ODS están íntimamente vinculadas al desarrollo rural, y dos de cada diez metas sólo se pueden lograr en el campo”, explicó Berdegué.

La publicación de la FAO destaca cinco medidas claves para retomar el rumbo de la reducción de la pobreza. La primera es la necesidad de crear sectores agrícolas eficientes, incluyentes y sostenibles. Esto puede lograrse fortaleciendo la inversión en bienes públicos, el aumento del acceso a la tierra, a servicios rurales, a mejor información y a la gestión de los riegos en el sector agrícola.

La segunda clave es la protección social ampliada: se debe aumentar la cobertura de la protección social para la población rural, además de promover sus sinergias con el sector productivo, especialmente con el sector agrícola.

Un tercer factor fundamental es la gestión sostenible de los recursos naturales; para ello se deben vincular las políticas de reducción de la pobreza con la sostenibilidad ambiental y promover la resiliencia de las poblaciones rurales ante los choques ambientales y económicos.

El impulso al empleo rural no-agrícola es la cuarta medida que destaca el Panorama: ello requiere fomentar los vínculos urbano-rurales, la inversión privada y la provisión de infraestructura básica, el encadenamiento del agro con mercados de bienes y servicios, y la implementación de programas públicos en esta área con presupuesto propio y a gran escala.

Mejorar la infraestructura es también fundamental para un campo sin pobreza: la FAO señala que se debe aumentar e intensificar la inversión pública en activos territoriales, y vincular la infraestructura con servicios públicos asociados. (COMUNICADO DE PRENSA FAO)

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