Covid-19: mujeres jornaleras agrícolas y protección social

En nuestra región, la propagación de covid-19 ha profundizado la vulnerabilidad de millones de las y los pequeños productores del sector rural y trabajadores agrícolas, especialmente a las mujeres, las juventudes y los pueblos indígenas y afrodescendientes. Esta nueva realidad es todavía más intensa en aquellas regiones con altos niveles de inseguridad alimentaria, en donde se agudizan el hambre y la malnutrición en un contexto de capacidades limitadas y reducción de programas de protección social que hagan frente a este tipo de riesgos.

Los estragos de la actual pandemia traerán mayores cifras de hambre en América Latina y el Caribe, números que podría afectar a casi 67 millones de personas en 2030. Según la publicación El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020, la región no alcanzará el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre Cero. Conforme avanza la pandemia, la crisis sanitaria está afectando económica y socialmente a los sectores más vulnerables.

Los programas de protección social son mecanismos que coadyuvan en el ejercicio del derecho a la salud, la alimentación y el empleo decente, entre otros. Las medidas de protección social tienen el doble rol en nuestro actual contexto: mitigar el impacto económico y reconstruir los medios de vida de las personas y los sectores más vulnerables, a través de acciones que eviten transitar de una crisis sanitaria a una crisis alimentaria.

De acuerdo con la Cepal, una de cada cuatro personas de la población rural, en América Latina y el Caribe, vivirá en condición de pobreza extrema. Las áreas rurales son particularmente vulnerables a los efectos de covid-19, por la mayor concentración de pobreza, menor cobertura de seguridad social, alta estacionalidad de la producción y del ingreso agrícola en un contexto de alta informalidad laboral. Aunado a lo anterior, el cierre de las escuelas donde niños y niñas ya no podrán acceder a programas de alimentación representa un riesgo de incremento en la malnutrición.

El proceso de reconstrucción debe estar acompañado de transformaciones en la vida pública, privada y social siguiendo la premisa de no dejar a nadie atrás, por lo cual es necesario generar propuestas integrales de protección social que den respuesta a crisis y emergencias como la actual, así como la adaptación al cambio climático.

Actualmente, en México se encuentra en operación el proyecto interagencial Cerrando brechas: Extendiendo la Protección Social para las Mujeres, implementado por la FAO, OIT y ONU Mujeres, que tiene como objetivo reducir las distintas brechas de protección social que históricamente han provocado desigualdades. La iniciativa involucra de manera activa a los sectores públicos, privados y sociales en la promoción y el impulso de políticas públicas multisectoriales que aporten y garanticen derechos con un enfoque de ciclos y medios de vida y de transversalidad de género.

De acuerdo con reportes de ONU Mujeres y la OIT, aún prevalece una gran brecha salarial hacia las mujeres por lo que enfrentan barreras en temas de sueldos e ingresos, con salarios inferiores por el mismo trabajo y las mismas horas laborales que los hombres, menos accesos a créditos y con alta presencia en el mercado informal, lo que limita su acceso a la seguridad social.

Por ello, es de suma importancia hacer un abordaje diferenciado y con perspectiva de género de la situación de la población jornalera agrícola, visibilizando las desigualdades y las brechas de protección social que históricamente ha padecido este sector, con pertinencia cultural a los pueblos indígenas y afrodescendientes, en especial hacia las mujeres indígenas, que sufren una triple discriminación: de género, condición social y de pertenencia a grupos étnicos; limitando su acceso y goce a los derechos humanos.

FAO México hace un llamado a los gobiernos en sus diferentes niveles a articular políticas públicas de protección social ampliada, que acorten las brechas de desigualdad a partir de un ejercicio pleno de los derechos de mujeres y hombres y con enfoque de ciclos y medios de vida. A la iniciativa privada hacer efectivos los derechos de las y los trabajadores e implementar estrategias de control y reducción de contagios, medidas de sanidad, de información y comunicación con pertinencia cultural dentro y fuera de los espacios de trabajo. (LINA POHL. EXCÉLSIOR.)

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