Históricamente se ha planteado la necesidad de favorecer las inversiones en bienes públicos con relación a bienes privados en todos los sectores, incluyendo el rural, como una respuesta para generar espacios de oportunidades para todos los miembros de la comunidad. Sin embargo, orientar los recursos principalmente a ese tipo de bienes, muchas veces resulta complejo, ya que hay grupos específicos de personas en condiciones de vulnerabilidad como adultos mayores, niños, mujeres e indígenas que requieren, además, programas de bienes privados con un carácter de exclusividad o de preferencia; o existen grupos desarrollados social y económicamente, cuya actividad es también interés del Estado y se requieren apoyos específicos exclusivos. La inversión en bienes públicos trae consigo beneficios de mediano y largo plazo para la sociedad en su conjunto, no obstante, también exige responsabilidad y gestión participativa de la población, para no destruirlos, mantenerlos y acrecentarlos.
El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional a fin de garantizar que éste sea integral y sustentable; agrega que bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.
El presente documento tiene como propósito identificar y diferenciar las inversiones que hace el Ejecutivo Federal en bienes públicos y privados, apoyando el análisis en la estructura programática del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC Rural 2020).
Asimismo, se subraya que el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-2024) pone de relieve la intención de la presente Administración de incrementar la presencia del sector público en la economía, para reactivar su dinamismo, el mercado interno y el empleo. Entre las estrategias centrales se encuentran inversiones que podrían ser clasificadas como bienes públicos como la salud, educación, recuperación ambiental, paz y las finanzas sanas, principalmente. (ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CEDRSSA)