Cuando el gobierno de Colombia y el grupo guerrillero de izquierda Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un acuerdo en 2016 para poner fin a cinco décadas de conflicto, el mundo celebró. Pero esa paz duramente ganada ha llegado con un costo oculto.

Las guerrillas de las FARC alguna vez ocuparon grandes extensiones de los vastos bosques de Colombia, incluida la Amazonía colombiana. La presencia de los combatientes envió a los pequeños agricultores a huir a las ciudades y desalentó el desarrollo. Pero a medida que las FARC se han ido de los bosques, la industria se ha mudado, incluida la tala, la extracción de oro y el pastoreo de ganado. Un análisis del gobierno encontró que la deforestación aumentó en un 44% en el año de los acuerdos de paz.

Ahora, los científicos están compitiendo para documentar la rica biodiversidad de Colombia, que es la segunda después de la de Brasil. En el proceso, están redescubriendo ecosistemas que estaban fuera de los límites. A principios de este año, más de 40 investigadores lanzaron una plataforma digital para recopilar información sobre patrones climáticos, distribución de especies y otros indicadores de salud ambiental en Colombia. Su objetivo es predecir cómo el desarrollo invasivo podría alterar los bosques del país y otros ecosistemas, información que podría moldear las políticas sobre el uso de la tierra, la seguridad hídrica y otros asuntos ambientales a medida que Colombia se adapta a la paz.

“Estamos en cierto modo redescubriendo nuestro país”, dice Daniel Ruiz Carrascal, un geocientífico de la Escuela de Ingeniería de Antioquia en Medellín.

Predecir el futuro de los ecosistemas colombianos promete ser difícil, dados los enormes cambios sociales y ambientales en curso. Pero si los investigadores tienen éxito, sus esfuerzos podrían generar ideas que beneficien a otras naciones tropicales que luchan contra el cambio climático y el desarrollo. “Estos temas son relevantes no solo para Colombia”, dice Alejandro Salazar, biólogo de suelos de la Universidad de Purdue en West Lafayette, Indiana.

Durante décadas, los investigadores que querían estudiar los ecosistemas en áreas controladas por las FARC y otros grupos armados tenían que obtener el permiso de los combatientes. Algunos científicos perseveraron. Entre 1988 y 2002, el primatólogo Pablo Stevenson dirigió una estación de campo en la región de Macarena, que es el hogar de varias especies de primates y que luego estaba bajo el control de las FARC. Los guerrilleros ocasionalmente se detenían para tomar café, pero generalmente dejaban en paz a los científicos colombianos, dice Stevenson, ahora en la Universidad de los Andes en Bogotá. “Fueron muy respetuosos”.

Los investigadores extranjeros tuvieron más dificultades, posiblemente porque las FARC pensaron que exigirían un elevado rescate. En 2002, Stevenson cerró su estación de campo después de que las guerrillas secuestraron a un primatólogo japonés y exigieron que las universidades colombianas paguen por recuperarlo. Aún así, las guerrillas de las FARC permitieron que el primatólogo siguiera trabajando durante su cautiverio de tres meses. Un biólogo estadounidense que fue secuestrado dos veces por las FARC incluso nombró a una especie de sapo, Atelopus farci , porque su piel verde moteada se asemejaba a los uniformes de camuflaje de los guerrilleros.

Pero muchos científicos evitaron estos viajes de campo por completo. Ahora, el acuerdo de paz los ha entusiasmado con el futuro. “Hemos estado expuestos a la ciencia en las salas de conferencias”, dice Ruiz Carrascal. “No hemos tenido la oportunidad de ir al campo y ver con nuestros propios ojos lo que está ocurriendo”. El geocientífico ha comenzado a construir una red de sensores para medir la temperatura y la humedad en regiones alpinas que se encuentran entre la línea de árboles de una montaña y capa de hielo. A medida que el clima se calienta, se espera que especies de menor altitud migren a estas áreas, transformando el paisaje actual.

La primera ola de estudios en tiempos de paz ya ha arrojado sorprendentes descubrimientos. El año pasado, los biólogos del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en Bogotá encontraron seis nuevas especies, incluidas ranas y escarabajos, después de solo diez días de búsqueda en una zona boscosa cerca de Medellín.

Para pintar una imagen más amplia del medio ambiente, Ruiz Carrascal y otros lanzaron la Plataforma de Análisis Ecológicos de los Ecosistemas Colombianos (PEACE). Su objetivo es conectar datos de satélites y sistemas de monitoreo y el pequeño número de científicos que realizaron trabajo de campo durante el conflicto de las FARC.

El proyecto principal del consorcio PEACE es un “cubo de datos”: un modelo ambiental que simula el cambio futuro utilizando información sobre las condiciones atmosféricas, la cubierta forestal, los incendios y las poblaciones de animales, entre otros factores. Los investigadores esperan usar el modelo para responder preguntas tales como qué especies es probable que migren a elevaciones más altas a medida que el clima se calienta, o cómo los ecosistemas se adaptan a condiciones inusuales en los años en que ocurre el patrón climático de El Niño.

Los investigadores también esperan revelar cómo el aumento de la deforestación y la migración humana causada por el proceso de paz de Colombia podría afectar el medio ambiente. Dichos datos podrían informar las políticas para proteger áreas ecológicamente importantes y limitar la explotación de los recursos naturales, por ejemplo. Otras preguntas sobre el futuro de los esfuerzos de conservación se centran en el deprimente historial de Colombia de hacer cumplir sus leyes ambientales vigentes. El ochenta y cuatro por ciento de la deforestación en el país hasta la fecha se ha llevado a cabo en áreas bajo protección del gobierno, incluidos parques nacionales, dice Juan Posada, un ecologista de la Universidad El Rosario en Bogotá. La presencia continuada de grupos armados ilegales complica aún más las cosas. “Existen reglas para la biodiversidad”, dice Posada, “pero nadie las respeta”.

Y cualquier esfuerzo de conservación también tiene que lidiar con los problemas sociales que han surgido a medida que Colombia trata de recuperarse de décadas de conflicto. Desde principios de la década de 1960, cuando las FARC surgieron como una fuerza nacional, más de 7 millones de personas han huido de sus hogares, principalmente en las zonas rurales. Muchos buscaron seguridad en las ciudades.

Los propietarios que intentan regresar a sus parcelas abandonadas se enfrentan a un problema inesperado. Las selvas que una vez fueron despejadas para las tierras de cultivo crecieron durante la ocupación de las FARC; el gobierno ha reclamado gran parte de esta tierra como un recurso natural que no puede ser utilizado para la agricultura o la madera. Esto ha dejado a cientos de miles de personas sin una fuente de ingresos si eligen regresar a su tierra, especialmente porque la mayoría de ellos no tienen documentos para probar su propiedad.

“Esto es parte del conflicto que nadie vio venir”, dice Carlos Zuluaga, director general de la filial antioqueña de la agencia colombiana de protección ambiental CORNARE.

En 2013, CORNARE lanzó un programa que alienta a las personas en áreas rurales a preservar la tierra en lugar de desarrollarla. Con el dinero del impuesto sobre el carbono de Colombia, la agencia paga a unas 3.000 familias hasta 600,000 pesos colombianos (US $ 200) por mes, ingresos que pueden ayudarlos a cambiar a la agricultura orgánica u otras formas de vivir a la ligera en sus tierras. Zuluaga dice que algunas de estas áreas podrían valer más para Colombia si están ecológicamente intactas, debido al papel que desempeñan en los ciclos del agua y el carbono. CORNARE quiere expandir el programa a 10,000-20,000 familias en los próximos 5 años.

Pagar a las personas para proteger los ecosistemas se ha probado en otros países , como México, Brasil y Uganda. Puede funcionar bien, al menos a corto plazo, dice Jennifer Alix-Garcia, economista de la Universidad Estatal de Oregón en Corvallis. “La sostenibilidad a largo plazo es algo desconocido porque la mayoría no ha estado en el lugar el tiempo suficiente”, dice ella. La clave, dice, es que los gobiernos elijan con cuidado las áreas que deben proteger y que hagan cumplir sus acuerdos con los propietarios. De lo contrario, las personas podrían tomar el dinero del gobierno incluso si le dan acceso a los desarrolladores a sus tierras.

Incluso si la aplicación sigue siendo débil, los investigadores de PEACE esperan que su proyecto, y los sitios de monitoreo que establezcan, al menos ayuden a los responsables de la política a entender el alcance del problema. “En este momento, el país parece estar abierto a la ciencia”, dice Ruiz Carrascal. (Mundo Agropecuario)