Otorgará el gobierno federal 7 mil 200 pesos a cada pescador del Golfo

Es complicado resolver en definitiva el problema al que se enfrentan los pescadores de San Felipe, pero el Gobierno de México trabaja ya en el análisis para buscar soluciones para diversificar actividades y que los pescadores no tengan como una alternativa el mar.

Así lo reconoció ayer el Delegado Único del Gobierno de México en Baja California, Jesús Alejandro Ruíz Uribe, durante una conferencia de prensa en la que dio a conocer los pormenores sobre cómo se atiende la problemática de los pescadores de todo el Golfo de California.

Señaló que no se pueden tomas decisiones de manera irresponsable, porque los ojos de organizaciones internacionales están puestas sobre la biomasa del Golfo de California, específicamente por el peligro de extinción en que se encuentra la vaquita marina.

Mencionó que aunque la veda del camarón concluyó desde el pasado 5 de septiembre, aún no se autoriza a los pescadores a que entren a pescar, debido a que existe la controversia sobre el tipo de redes que se deben utilizar.

Agregó que mientras se toma una determinación para autorizar que se hagan a la mar a la captura del camarón, el gobierno federal otorgará a partir de este martes apoyos económicos por un monto de 7 mil 500 pesos a cada uno de los más o menos 400 pescadores que no han sido autorizados para salir a la captura del camarón.  Esto, dijo, si bien no es una solución definitiva, al menos es un paliativo para los pescadores, mientras se analiza una posible solución al problema del que, insistió, no se puede tomar de manera unilateral ni irresponsable, por los riesgos que implica de que se apliquen aranceles a la comercialización, no solo del camarón, sino de varias pesquerías de todos los litorales de México.

Por otra parte, Ruiz Uribe hizo mención de que se trabaja ya en el reordenamiento pesquero en las costas del Pacífico que corresponde a Baja California, donde se han detectado permisos y concesiones traslapadas sobre zonas que desde hace mucho tiempo fueron concesionadas por la autoridad pesquera.

En ese aspecto, adelantó que también se buscan soluciones bajo consenso entre las autoridades y los mismos permisionarios y concesionarios. (BERNARDO PEÑUELAS ALARID. EL MEXICANO)

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