Básico, impulsar territorios rurales; 55 por ciento de esa población vive en pobreza: Villalobos Arámbula

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, subrayó que el 55 por ciento de la población rural vive en pobreza, y de ese segmento, 16.4 por ciento está en carencia extrema, por lo que se hizo lo necesario para la operación inmediata de los programas prioritarios, con el objetivo de pagar a corto plazo la enorme deuda social que durante tres décadas se acumuló en el campo.

En la intervención inicial con motivo de su comparecencia para la Glosa del Primer Informe de Gobierno ante el Pleno de la Cámara de Diputados, subrayó que en consecuencia de políticas de los últimos 30 años, México se convirtió en el principal país importador de maíz en el mundo, distinción lamentable si se considera que el país es el centro de origen y domesticación de este cereal que, además, es base de nuestra alimentación.

En 2018 México fue el importador número uno de leche en polvo en el mundo y séptimo en carne de cerdo. En 2017 se importó el 36 por cierto del maíz amarillo, 81 por ciento del arroz, 76.2 por ciento del trigo y 36 por ciento de carne porcina.

Un gran compromiso, aseguró, es aumentar la disponibilidad de alimentos básicos y reducir las importaciones, porque es una condición para el logro de la seguridad alimentaria. “Es obligación del Estado tutelar el derecho a la alimentación y contribuir a desterrar el hambre del país”.

Para cumplir esos objetivos, indicó, los esfuerzos se dirigen hacia un sector agroalimentario sustentable, incluyente y basado en el incremento de la productividad y competitividad, además de cerrar brechas entre productores. “El rescate del campo mexicano y la recuperación de la seguridad alimentaria con soberanía están en plena marcha”.

“Estamos replanteando el papel que debe tomar el Estado como promotor de las políticas que permitan el desarrollo económico y la inclusión social, por medio de un gobierno que usa los recursos de manera responsable, honesta y otorgando mayor respaldo a quien lo necesite”, comentó.

Apuntó que el primer paso fue convertir a la Sagarpa en Sader, lo cual no fue sólo un cambio de nombre, sino de una estructura excesivamente pesada y excesiva en gastos de operación, para ser una dependencia austera y compacta.

Villalobos Arámbula manifestó que la realidad confirma la enorme desigualdad que hay en el sector agropecuario y pesquero, en donde coexisten dos polos asimétricos: por un lado, un modelo integrado a procesos globales y que genera riqueza, y del otro, uno en el que se perpetúan las condiciones de atraso.

“Las actividades primarias en el país tienen contrastes; por ejemplo, 5.4 millones de unidades económicas rurales se dedican a la agricultura empresarial, participan en el mercado y optan por la exportación, pero 4.3 millones de unidades están centradas en la agricultura familiar, de autosuficiencia o de autoconsumo y una limitada vinculación al mercado en transición”, expuso.

Añadió que el presupuesto de la Sader para 2019, es de 65.4 mil millones de pesos y aunque en términos reales representa una disminución respecto de años anteriores, con ejercicio eficiente y austero de los recursos, el 49 por ciento de los montos se ha destinado a los pequeños y medianos productores rurales.

Agregó que los programas de producción para el bienestar, precios de garantía, fertilizantes, crédito ganadero a la palabra, así como impulso a cañeros y cafetaleros, han demostrado que con la entrega de manera directa, sin intermediarios, ha causado mayor impacto.

Destacó que para el tercer trimestre del año ya estaba dispersado el 75 por ciento del presupuesto, a 1.2 millones de productores, lo que no tiene precedente en el ejercicio de los recursos.

Asimismo, Villalobos Arámbula dijo que la soberanía depende de una política de Estado para lograr la autosuficiencia en al menos cinco productos básico: maíz, frijol, arroz, trigo, trigo panificado y leche, a fin de reducir las importaciones y, en consecuencia, la gran dependencia externa.

Además, los mercados globales son ventana de oportunidad hacia la exportación, pero ese beneficio no puede ser para sólo algunos productores, ni tampoco se puede poner en riesgo la seguridad alimentaria.

Afortunadamente, por la potencia y valor de agroexportaciones “nos beneficiamos de una balanza comercial agropecuaria superavitaria, con 6 mil 688 millones de dólares; sin embargo, mientras la alimentación de la familias mexicanas dependa de las importaciones no se habrá resuelto el tema de la soberanía alimentaria”.

Sobre la canasta básica alimentaria, que pasó de 23 a 40 productos, mencionó que se brindan oportunidades a zonas de alta y muy alta marginación, lugares marginados y de desastre.

Refirió que los desafíos del sector requieren usar todos los recursos en materia de investigación, innovación, tecnología y capital humano, así como la integración de los productores en condiciones favorables.

En su presentación en el recinto legislativo de San Lázaro, Villalobos Arámbula indicó que en los sectores agropecuario y pesquero del territorio mexicano coexisten dos polos asimétricos: uno moderno, integrado a procesos globales y generador de riqueza, y otro, en el que se perpetúan las condiciones de marginación y atraso.

El modelo de apertura económica y comercial globales —ofrecidos años atrás a los sectores avanzados del sector agroalimentario para ser más competitivos en los mercados internacionales— no alcanzó a los pequeños productores y fue incapaz de sacar de la pobreza a millones de personas, además de que acrecentó la desigualdad y la exclusión, mencionó.

“Más del 55 por ciento de la población rural nacional vive en pobreza y, de éstos, el 16.4 por ciento registra pobreza extrema”, apuntó.

Sostuvo que esta administración se propone aumentar la disponibilidad de alimentos básicos y reducir la dependencia de las importaciones, con el acompañamiento a los productores y la vinculación de la innovación y las tecnologías, lo que  permitirá también incidir en sacar de la pobreza y la marginación a las familias del sector rural.

Señaló que ante una realidad de desigualdad se deberán aplicar políticas diferenciadas y realizar los ajustes necesarios para la operación efectiva de los programas prioritarios, los cuales contribuirán a resarcir la deuda social en los territorios rurales.

La seguridad alimentaria con soberanía, dijo, depende en gran medida de una política de Estado para lograr la autosuficiencia en al menos cinco productos básicos: maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche, reduciendo las importaciones y, en consecuencia, la dependencia externa.

Detalló que el trabajo de los productores nacionales permite registrar una balanza comercial agropecuaria y agroindustrial superavitaria, que alcanzó los seis mil 688 millones de dólares en el reporte de enero a julio de este año.

“Queremos promover inversiones con productores altamente tecnificados y gestionar el otorgamiento de estímulos fiscales para las unidades económicas rurales, además de aplicar precios preferentes para diésel y gasolina en el sector acuícola y pesquero”, apuntó.

Abundó que los programas Producción para el Bienestar, Precios de Garantía, Fertilizantes, Crédito Ganadero a la Palabra y de Apoyo a Cafetaleros y Cañeros, han demostrado que con la entrega de recursos de manera directa y sin intermediarios es posible causar un mayor impacto entre quienes tienen el derecho a recibir estos beneficios.

Especificó que bajo este nuevo esquema para el campo se logró dispersar el 75 por ciento del presupuesto a cerca de 1.2 millones de productores en el primer trimestre del año, lo que permitió a los agricultores invertir anticipadamente en insumos productivos en alrededor de 4.5 millones de hectáreas de granos.

Además, dijo, al 30 de septiembre se logró alcanzar el ciento por ciento de las metas programadas en beneficio de 1.8 millones de productores y más de 2.5 millones de predios, con lo cual estos programas han sido el eje de las acciones emprendidas en el sector y el principal instrumento para orientar el rescate del campo mexicano.

Aseguró que, con la ampliación de la canasta básica, que pasó de 23 a 40 productos, se brindan mayores opciones alimentarias a los habitantes de las regiones de alta y muy alta marginación y en localidades en situación de emergencia o desastre; son algunas acciones con las que “estamos dando de comer a quienes nos dan de comer”, acotó.

Puntualizó que 4.3 millones de unidades económicas rurales (81.3 por ciento) tienen una agricultura familiar, de subsistencia y autoconsumo, o con limitada vinculación al mercado, segmento al que fue posible destinar el 49 por ciento del presupuesto con los programas Producción para el Bienestar, Precios de Garantía, Fertilizantes, Crédito Ganadero a la Palabra y de apoyo a cafetaleros y cañeros.

“Estamos comprometidos con el desarrollo de una agricultura sostenible mediante un manejo adecuado de los recursos agua, suelo y la reducción de los impactos ambientales en las actividades primarias, con prácticas de adaptación a los efectos del cambio climático y la protección de la biodiversidad”, indicó.

El secretario Víctor Villalobos precisó que el gobierno promoverá la incorporación y atención de todos los productores en condiciones favorables, orientando recursos a la provisión de bienes públicos para la información agroalimentaria, servicios de sanidad e inocuidad y el financiamiento para actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas.

Igualmente, a la inversión en innovación, investigación y tecnología vinculada a las necesidades de los productores; el desarrollo de capacidades y extensionismo; el fortalecimiento de las cadenas agroindustriales, y el acompañamiento a los exportadores, a fin de aumentar el flujo de sus mercancías y la diversificación de mercados agroalimentarios, concluyó.

Es importante vincular investigación con la necesidad de los productores con un servicio de extensión que combine el capital humano con las nuevas tecnologías.

El secretario recalcó que “buscamos fórmulas para mejorar el impacto del uso de recursos públicos, a través de inversiones con productores altamente tecnificados y estímulos fiscales para las unidades económicas rurales, y precios preferenciales para el diésel y gasolina en el sector acuícola y pesquero”.

“En cada peso asignado al sector se pondrá énfasis con eficiencia, para que nadie quede atrás. Agregó: “Respetamos los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, el cual convoca a un ejercicio público, austero e incluyente, en donde nadie quede atrás y se recupera la rectoría del Estado como impulsor del desarrollo económico”, concluyo.

Por último, el titular de la Sader, aseveró que el actual gobierno federal “no va a permitir la siembra de productos transgénicos orientados a la alimentación”.

Señaló que el uso de esos productos aún están en debate en los foros científicos.

“Por un lado, se sabe o se piensa que los transgénicos van a resolver el problema de seguridad alimentaria mundial. Por otro, se considera a los organismos genéticamente modificados, los transgénicos, que generan problemas, cáncer, y que sobre todo establecen la independencia y la erosión de nuestros recursos genéticos. Ambas posiciones son erróneas y esto debe ser motivo de la discusión, del debate en los foros científicos. No estamos en contra de ello”, externó.

“Nosotros no queremos estar en ese debate, nosotros queremos hacer de nuestra agricultura una mucho más eficiente y productiva, de modo que este gobierno no usará semillas transgénicas”, agregó.

Villalobos Arámbula subrayó que el gobierno federal tiene prisa en hacer mucho más eficiente la producción, y para ello se están usando las tecnologías necesarias, pero no los transgénicos.

Por su parte, el diputado Eduardo Ron Ramos (MC) reprochó al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos Arámbula, que el Ejecutivo federal haya recortado este año los recursos del programa Crédito Ganadero a la Palabra y que para 2020 pretenda hacer lo mismo.

En la primera ronda de preguntas y respuestas de la comparecencia del funcionario, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, el diputado aseveró que con esas acciones queda claro que al gobierno “no le importa el sector ganadero”.

Refirió que para el presente ejercicio fiscal se etiquetaron 4 mil millones de pesos para el programa Crédito Ganadero a la Palabra, pero sólo se ejercerán mil millones, porque el resto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo reasignó a otras actividades.

“Para sorpresa nuestra, en el proyecto de Presupuesto 2020 no solamente se eliminaron los recursos destinados a fomento ganadero, sino que además disminuyó el presupuesto destinado a Crédito Ganadero a la Palabra, de 4 mil a mil millones de pesos”, agregó.

En ese sentido, el diputado de MC solicitó al titular de la Sader sensibilizar al jefe del Ejecutivo federal sobre la necesidad de apoyar más a los ganaderos, para lograr que se refleje en los hechos lo que se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

“Todavía se tiene el tiempo oficial para etiquetar fomento ganadero. Señor secretario, ayúdenos a no decepcionar a esos pequeños productores que con tanto esfuerzo quieren apostarle a la productividad de sus hatos ganaderos”, dijo el legislador.

“No podemos negar que datos oficiales señalan una posible recesión en México. Por eso, debemos reactivar a los pequeños y medianos productores en México, con incentivos productivos para mejorar el mercado interno. Lo verá, si podemos lograr esto no va a haber recesión. Hay que apostarle al campo”, finalizó. (COMUNICACIÓN SOCIAL CÁMARA DE DIPUTADOS. Con información de la SADER y NOTILEGIS)

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