Organizaciones civiles expresan descontento por el banderazo de inicio del Tren Maya

Al pueblo de México,

A los medios de Comunicación,

Al Sr. Presidente Lic. Andrés M. López Obrador

En el marco de la visita prevista del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para “dar banderazo” de salida a su proyecto denominado “Tren Maya,” las y los suscritos, organizaciones no gubernamentales, colectivos indígenas y populares, comunidades de base, académicos y académicas, personas en lo particular, a la vez que señalamos lo inoportuno de dicha visita en medio del momento más crítico de la pandemia de la COVID-19, realizamos este comunicado.

El “Tren Maya”, ha sido presentado como uno de los principales proyectos de la actual administración federal. En el discurso, la obra servirá para “detonar el desarrollo del sureste y potenciar el turismo y el desarrollo económico de la región”. Sin embargo, durante el avance del proyecto se han atropellado los derechos y garantías de la población y se ha violentado el Estado de derecho. Es por las siguientes razones que expresamos nuestro rechazo al proyecto:

PRIMERO. Siendo que existen diversos amparos en los que jueces federales han ordenado la suspensión de muchas de las actividades del proyecto y que la CNDH ha ordenado como medida cautelar, la suspensión de actividades no esenciales del proyecto, la visita del Señor Presidente atentaría contra el orden Constitucional. El objetivo de su visita desdeña y desacata órdenes judiciales y del Ombudsperson afectando el delicado balance y el equilibrio del ejercicio de poder en nuestro país.

El avance del proyecto que se fuerza desde el gobierno federal se cobija en la disminuida actividad del Poder Judicial Federal por la emergencia sanitaria, y las consecuentes repetidas negativas de juzgados federales de Campeche y Yucatán de recibir demandas de amparo en contra del proyecto. Es preocupante el ambiente que se cimbra en la conciencia nacional por las faltas de independencia judicial y de garantía de acceso a la justicia en el contexto de este proyecto.

En este mismo sentido, por causa de la pandemia, han sido canceladas las reuniones informativas y mesas de discusión, y se ha establecido que los términos para obtener información no corren, lo cual limita el acceso de la población involucrada a información cabal, suficiente y oportuna.

SEGUNDO. El megaproyecto en cuestión, aunque afecta de manera directa a comunidades indígenas de al menos 4 de las 5 entidades federativas se ha ido erigiendo sin la participación de los pueblos originarios y de otros sectores de la sociedad en el diseño y planeación de un proyecto de desarrollo. Para este proyecto no existió un diálogo preliminar con las comunidades para tomar su parecer y conocer sus necesidades y pasando por alto el derecho que tienen a decidir libremente su futuro, violando un derecho que se encuentra constitucionalmente protegido, que es el derecho a la libre determinación.

Sobre este particular, es preciso recalcar que las reuniones realizadas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado, no pueden ser consideradas como un proceso de consulta indígena, en principio porque se efectuaron a través de instancias no representativas de las comunidades y pueblos. En segundo porque no se cumplió con los estándares mínimos del derecho a la consulta, establecido en el Convenio 169 de la OIT, situación que incluso fue señalada por la Oficina para México del Alto Comisionado de Naciones Unidas[1]. Así también, porque durante las mismas, los funcionarios presentes aceptaron no tener toda la información sobre el diseño de la obra, la ruta del tren y, los impactos ambientales y socioeconómicos. Los procesos de consulta (y de pagos simbólicos por derechos de vía) a ejidos y comunidades indígenas continúan durante la emergencia sanitaria en contra de las recomendaciones de organismos internacionales y sin otorgar información suficiente con respecto a las afectaciones. Aún siguen sin definirse la ubicación y número de los llamados polos de desarrollo así como el funcionamiento de las FIBRAS (Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces) que estimamos son acciones para “bursatilizar la tierra” y contra los cuales se ha pronunciado con una opinión negativa el mismo Procurador Agrario (19 mayo 2020).

Decidir el futuro de las comunidades y pueblos indígenas unilateralmente, afirmando que serán los principales beneficiados de un proyecto que desconocen y en el cual su papel principal será el de la mano de obra barata, significa reproducir la discriminación sistémica que ha impulsado por años el Estado mexicano y que les ha negado a esos pueblos ser los dueños de su propio destino y futuro. La actual administración dilapida una oportunidad histórica de hacer las cosas de manera distinta y generar condiciones adecuadas para llevar a cabo un diálogo intercultural que permita generar condiciones de desarrollo a partir de las realidades, especificidades, historias y prácticas de esos pueblos. Según los mismos informes del gobierno federal, los miles de empleos que supuestamente se crearían, muy probablemente serían empleos precarios, mal pagados, temporales y sin garantías de seguridad social para las y los trabajadores, es decir que tampoco contribuiría al desarrollo regional, como se ha dado en otros proyectos impulsados por el FONATUR.

TERCERO. Existen serios cuestionamientos en torno a la viabilidad ambiental del proyecto denominado Tren Maya. Esta afirmación tiene sustento no sólo en lo señalado por académicos, académicas y comunidades desde sus instituciones de forma independiente, sino también por instancias del propio gobierno federal. Al respecto es preciso recordar que existe un estudio realizado por un grupo de 30 científicos convocados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para determinar el impacto del Tren Maya en los territorios donde se planea su construcción, mismo que concluye que existen riesgos ambientales y sociales en este proyecto de desarrollo. Éste y otros estudios concluyen que el Tren Maya propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de veintitrés Áreas Naturales Protegidas, entre las cuales se encuentran Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo como Yum Balam, Manglares de Nichupté, Uaymil y las Reservas de la Biosfera de Sian Ka‘an y Calakmul, ambas patrimonio de la Humanidad, así como siete Regiones Terrestres Prioritarias, y once Regiones Hidrológicas Prioritarias, a tal grado que podría convertirlas en áreas biológicamente inhóspitas. Estos estudios resaltan que no existe información suficiente acerca de los distintos proyectos económicos que este conllevaría, como las nuevas ciudades, los parques industriales y nuevos enclaves de desarrollos turísticos. Asimismo, los estudios exponen riesgos para la identidad cultural y posible mercantilización de la propia cultura indígena; violación al derecho a la tierra y mecanismos de financiamiento que no favorecen a los propietarios de las parcelas en los polos de desarrollo, así como la sobre-densificación del corredor turístico Cancún-Tulum.

Pero además, el estudio determina, claramente, que el Proyecto Tren Maya traza una ruta de infraestructura no sólo ferroviaria sino de desarrollos turísticos, habitacionales y de traslado, almacenamiento y comercio de mercancías de tipo diverso, situación que supone un profundo reordenamiento territorial en los cinco estados afectados por el proyecto. Como consecuencia de lo anterior, y dada las condiciones naturales excepcionales y altamente vulnerables de la región así como diversidad biológica que existe en las cincoentidades federativas, se afectarán grandes macizos de selva, manglares y otros humedales, con la consecuente pérdida de servicios ambientales como las recargas al manto freático o su capacidad para capturar dióxido de carbono. Estas afectaciones en un contexto de alta conflictividad socio-ambiental vigente caracterizado por el despojo de bienes comunes de territorios campesinos e indígenas conllevan a su vez al deterioro de sistemas ambientales. La infraestructura ferroviaria y los llamados polos de desarrollo significarán también, irremediablemente, especulación y privatización de tierras ejidales. En este sentido también se pronunciaron académicos frente al Congreso de la Unión en septiembre de 2019.

Los cuestionamientos se agravan con el hecho de que no existe una evaluación de impacto ambiental del proyecto en su totalidad, ni de ningún centro urbano que se propone, así como tampoco hay estudios realizados ni información sobre cuál sería el impacto acumulativo del Tren Maya en toda el área de afectación. Esta falta de evaluaciones violenta el marco jurídico nacional e internacional que establece la obligación de llevar a cabo estudios de impacto ambiental para este tipo de proyectos. FONATUR se escuda en que por el momento no se construirán nuevas vías, sin embargo esto es sólo parcialmente cierto puesto que las vías serán ampliadas en toda su extensión y se construirán y habilitarán carriles para un tren nuevo para el cual se requieren nuevos sistemas de durmientes y de rieles. Como reconoce el mismo Fonatur, los contratos firmados con los concesionarios tienen también la finalidad de que se construyan estructuras para el nuevo tren.

En este sentido, aún y cuando FONATUR anunció que el gobierno federal contaba con el 95% del derecho de vía, esto se ha comprobado incorrecto (por más del 40%) por estudios independientes y por el mismo FONATUR en el reciente informe del Director General Rogelio Jiménez Pons en la rueda de prensa del 18 de mayo pasado.

CUARTO. El proyecto del Tren Maya genera graves riesgos al patrimonio histórico y cultural, todos bienes nacionales, particularmente de la península. En los alrededores del trazo del Tren Maya el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene registro de siete mil 274 sitios arqueológicos. De éstos, mil 288 se encuentran a distancias no mayores a 10 kilómetros de la vía férrea, de manera que tendrían una afectación directa, según el citado estudio encargado por el CONACYT. En el mismo se afirma que “Atendiendo a los cálculos de pasajeros y carga del tren, podrían implicar la destrucción irrecuperable de posibles vestigios culturales, daño físico, adulteración o uso turístico excesivo”. En una denuncia penal realizada por arqueólogos, antropólogos, historiadores y expertos de diversas organizaciones e institutos de investigación por daños a los bienes nacionales a raíz de los proyectos de los trenes maya y transistmico, se denunció que los estudios de salvamento fueron realizados por una persona que no cuenta con experiencia ni títulos en la materia.

QUINTO. Aún y cuando el gobierno federal ha buscado publicitar un supuesto apoyo desde las Naciones Unidas al proyecto, dicho apoyo no existe. Existen consultores contratados por FONATUR a través de ONU-Habitat y la UNESCO que colaboran actualmente con estudios para el proyecto, sin embargo esto no representa un espaldarazo al proyecto por parte de las Naciones Unidas. Es más, las acciones de ONU-Habitat para el proyecto han sido denunciadas porque han puesto en peligro la salud de las personas al realizar censos, entrevistas y encuestas para su desalojo y despojo de sus hogares durante la emergencia sanitaria declarada desde el gobierno federal.

Finalmente queremos señalar que, frente a este proyecto que desde un inicio ha sido opaco por la ausencia de información, que beneficiará a grandes consorcios empresariales y que ha avanzado aún durante la pandemia dela Covid-19, poniendo en riesgo la salud de las trabajadoras, trabajadores, comunidades y la población en general, representantes de distintas comunidades indígenas y campesinas en los estados afectados han presentado diversas acciones legales. Lo han hecho ante instancias nacionales e internacionales, en las cuales han señalado la violación a diversos derechos. Dichas comunidades, a pesar de la dificultad que históricamente han tenido para acceder a la justicia, han logrado, hasta ahora, tres suspensiones, una en Calakmul, otra en Palenque y una más en Campeche, así como la emisión de medidas cautelares por parte de la CNDH.

En dichos procesos se han evidenciado claras violaciones a la ley, contradicciones y falsedades en la implantación del proyecto por parte fundamentalmente del FONATUR, pero sobre todo se ha expresado la voluntad de la población de mantener la exigencia y la batalla jurídica y política para hacer efectivos sus derechos a preservar su territorio y medio ambiente.

En esa lógica, el Gobierno Federal tiene la oportunidad histórica, a partir de las promesas de cambio que su titular ha expresado, de generar un proceso en donde las demandas, puntos de vista y exigencias de las comunidades indígenas, académicos y diversos colectivos que han expresado su oposición al tren, puedan ser escuchados, de tal manera que se genere un proceso realmente democrático en la definición de la política de desarrollo de las comunidades y pueblos. (COMUNICADO DE PRENSA CEMDA.)

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