Sobreprecios, empresas fantasma, ventas simuladas y procesos amañados en Sembrando Vida

Un monto de 3 mil 500 millones de pesos anuales es disputado por operadores de Sembrando Vida para corruptelas, abusos y negocios personales…

Se trata de uno de los programas sociales más emblemáticos del actual gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto incluso a su homólogo estadounidense Joe Biden replicarlo en los países de Centroamérica para frenar la migración.

Sin embargo, denuncias de campesinos compartidas a Crónica -algunas presentadas ya ante la Secretaría de la Función Pública o enviadas a la Presidencia de la República- apuntan a diversas irregularidades, en especial en el rubro de apoyos económicos adicionales, contemplados en las Reglas de Operación.

El cóctel de anomalías incluye procesos amañados de contratación, sobreprecios, apertura de empresas fantasma o familiares para beneficiarse de recursos públicos, amiguismos, comercialización de insumos de baja calidad y ventas simuladas, cuando en realidad son apoyos gratuitos…

Los testimonios de sembradores coinciden en las bondades del programa, si se garantiza su buen manejo. Durante la etapa de investigación, no se encontró alguna voz contraria a su utilidad para el campo mexicano. “Es la primera vez que nos voltean a ver en décadas. El PROCAMPO sólo era simulación: nos pedían más moche de lo que recibíamos. Ahora hay acompañamiento técnico. Y eso mantiene entusiasmadas hasta a las abuelitas de cada comunidad: tienen 70, 75 años, y andan subidas en el tractor, agarrando el machete. No queremos que el programa se pierda por la avaricia de unos cuantos”, dice Raúl Quintero, campesino de Tabasco, tercer estado con mayor cobertura.

Sembrando Vida tiene el objetivo de recuperar el campo nacional mediante el impulso a la agricultura orgánica y a la reforestación. De acuerdo con el padrón difundido antes el inicio de las campañas electorales, se favorece a 423 mil 024 sembradores en distintas  entidades del país, quienes reciben un jornal de 5 mil pesos mensuales para plantar árboles frutales y maderables en sus tierras o parcelas.

Conforme a la normatividad, el pago efectivo es de 4 mil 500 pesos al mes: 500 son destinados a un esquema de ahorro en fondos e instituciones financieras.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, el presupuesto federal para este programa, en 2021, asciende a 28 mil 929 millones de pesos. De ese total, 25 mil 381 millones 440 mil pesos son usados para el pago nacional del jornal, el cual es depositado a las tarjetas de cada campesino o entregado de manera presencial en las mesas de atención. El resto: 3 mil 550 millones de pesos corresponden al gasto de operación y a los llamados “apoyos económicos adicionales”, también depositados de forma directa -previa aprobación- en las cuentas individuales.

Según las reglas operativas, estos apoyos deben ser aprobados y cuantificados por un comité técnico, y están orientados a la adquisición de semillas, plantas, transportación, almacenamiento, equipo agrícola, material para la operación de viveros y biofábricas, herramientas, sistemas de riesgo o de captación y almacenamiento de agua, maquinaria y demás insumos necesarios, “los cuales podrán ser adquiridos total o parcialmente con los recursos destinados al programa”.

Se aplica en 20 entidades, pero los pasos reporteriles se concentran ahora en la coordinación territorial de Tantoyuca, en Veracruz, encabezada por Emmanuel Randú Ortiz Herrera (quien hace unos meses llegó a candidatearse como subsecretario del Bienestar). El estado abarca casi el 20 por ciento de los beneficiarios: alrededor de 75 mil (con Chiapas, son los de mayor actividad), divididos en Centros de Aprendizaje Campesino (CAC´s), integrados por 25 o 30 sembradores. Ahí, un grupo de campesinos se unieron para alzar la voz: reunieron facturas, cotizaciones, escritos, pagos, videos, fotografías y capturas de pantallas para documentar los vicios y robustecer denuncias presentadas ya ante la Secretaría de la Función Pública y la propia Presidencia de la República. Configuraron una pieza central del rompecabezas, aunque los mismos reproches se repiten en otras zonas…

“Todos los problemas explotaron a raíz de que se dispersaron los recursos adicionales. Al arrancar el programa trabajamos bien por varios meses, con recursos propios, pero cuando llegaron los adicionales todo se fue al diablo”, señala Víctor Ramírez, del CAC Costa Azul, en el municipio veracruzano de Pánuco.

-¿Por qué?

-Porque los operadores, desde el coordinador territorial hasta los facilitadores y técnicos, se unieron para repartirse el pastel.

-¿Y cómo?

-Por ejemplo, a nuestro CAC, como a muchos otros, llegó un apoyo de 85 mil pesos para el sistema de riego. En ninguna parte de las reglas se nos obliga a contratar el que digan los dirigentes, sino el que más convenga para aprovechar los recursos. Pero llegaron los facilitadores y técnicos a decirnos que sólo había 5 opciones a elegir, que supuestamente habían resultado ganadoras en una licitación, pero era mentira.

Al final, de las cinco promovidas, sólo se presentaron dos: una llamada COHISA y otra Alexander Haquet: ambas, curiosamente, de San Juan Cuautlancingo, Puebla.

“Ninguna de las dos tenía experiencia en el sistema de riego -cuenta Víctor- y lo reconocieron en una reunión comunitaria: ´No sabemos cómo se instala esto, pero lo vamos a hacer´, dijeron sus representantes. Al principio, el recurso era de 88 mil 500, pero los operadores comentaron que por una contingencia en Tabasco quedaría en 85 mil, sospechosamente ajustado al presupuesto que traían estas empresas. Lo primero que cuestionamos fue la calidad de materiales: somos gente de campo, conocemos costos de tuberías, motobombas, cintilla, aspersores, vimos que tenían un sobreprecio alto y sus materiales no tenían ni marca”.

-¿Y qué pasó?

-Hubo un compañero que logró cotizar con un proveedor independiente: nos dimos cuenta que el sobreprecio era mayor al 100 por ciento. Lo que nosotros conseguimos era material de excelente calidad, a un precio de 35 mil pesos. Nos querían ver la cara, por eso no aceptamos su oferta. Fui a la comunidad de Platón Sánchez, donde sí la aceptaron, y tomé algunas fotografías: el contenedor de agua era pésimo y la instalación muy deficiente.

Con las mismas artimañas, las dos compañías fueron impuestas en más de 500 CAC´s de la coordinación Tantoyuca…

“Nosotros tampoco caímos. Por eso, uno de los facilitadores de nombre Eddy Castillo nos amenazó con retirarnos el recurso. Se hizo una feria, pero ni siquiera se dejó entrar al proveedor que ofrecía mejores condiciones, sólo eran los de ellos”, cuenta Flor de Valdés, sembradora del CAC Progreso, de la comunidad de Quebrache, en el municipio de Tampico Alto.

“En nuestro caso el costo era de 121 mil pesos, y como sólo nos llegaron 115 mil 500, querían que completáramos con dinero de nuestra bolsa. Hubo quien pidió que se regresara el dinero al gobierno, porque el trabajo del presidente estaba siendo opacado con lo de siempre: la corrupción. Muchos de los viveros compraron con COHISA, que tenía un logo sacado de Internet. Los mismos técnicos andaban presionando a la gente el 31 de diciembre (2020), para que retiraran el dinero; hasta los acompañaban al banco, sacaban el efectivo y se lo quedaban, dizque para esas empresas que ni conocíamos”.

-¿Cómo lo resolvieron ustedes?

-Compramos con otro proveedor con un precio más bajo: 99 mil, especializado, con presencia nacional (HI TECH IRRIGACIÓN) y que sólo nos pedía 50 por ciento de anticipación. Eddy Castillo, el facilitador del programa, se hizo pasar por sembrador para acudir a las oficinas de nuestro proveedor en el municipio de González, Tamaulipas. Lo presionó para que no nos diera el servicio, y terminó pidiéndole un moche del 15 por ciento por cada compra que los CAC´s hicieran con él…

Tan sólo para 519 CAC´s del territorio de Tantoyuca, se dispersaron 48 millones 560 mil pesos, según datos de la Secretaría del Bienestar.

El sistema de riego es tan sólo un botón de muestra de un abanico más extenso de tropelías. Las desviaciones fueron compartidas también al subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, Hugo Raúl Paulín Hernández, responsable del programa, en una reunión con campesinos. Su respuesta fue: “Es una cosa que tenemos que fortalecer”. (DANIEL BLANCAS MADRIGAL. CRÓNICA.)

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