México logrará la autosuficiencia alimentaria

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador busca alcanzar un coeficiente de autosuficiencia agrícola del 67.4 por ciento al terminar el sexenio, “lo que representa el porcentaje de consumo nacional de granos básicos que será cubierto por la producción del país”, dijo en entrevista a El Sol de México Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

De acuerdo con el funcionario federal, hace una década la producción nacional representaba la cuarta parte de la demanda interna y hace un lustro, la tercera parte. Al iniciar este sexenio producíamos la mitad de lo que comíamos.

“Es un reto de esta administración avanzar anualmente de forma exponencial para poder dar avances importantes en la autosuficiencia alimentaria”, apuntó el funcionario federal.

Este medio publicó ayer que, al menos en 2019, dos de los programas estrella de la Cuarta Transformación para lograr la anhelada soberanía alimentaria no llegan a quien deben llegar, presentan deficiencias en su planeación y ejecución, son proclives a corrupción y dejaron sin comprobar tres mil millones de pesos, según dos dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Se trata de los programas de Precios de Garantía y Producción para el Bienestar.

Pese a los hallazgos del órgano fiscalizador, el titular de la Sader presume que la política agroalimentaria del Gobierno federal en lo que se refiere a autosuficiencia y rescate del campo, está en marcha. No ha parado aun bajo el contexto de la pandemia de Covid-19.

Insistió en que continúa la dinámica de impulso a la producción de productos estratégicos a través de programas como Producción para el Bienestar, Precios de Garantía, Fertilizantes para el Bienestar, Canasta Básica y Bienpesca.

“Esta política tiene un enfoque hacia la soberanía y autosuficiencia alimentarias; a los productores de pequeña y mediana escala a través de apoyos directos, sin intermediarios, a la contribución del bienestar de la población rural, sin olvidar la transición a sistemas de producción agropecuaria, acuícola y pesquera, sostenibles y resilientes”.

Respecto del consumo anual de maíz banco, que sirve para consumo humano, puntualizó que “prácticamente somos autosuficientes”. Según datos de la Sader, este año se espera una producción de maíz blanco superior a las 29 millones de toneladas, siete por ciento superior a la de 2019 que fue de 27.1 millones.

Es en el maíz amarillo “donde somos deficitarios. Se importan anualmente entre 14 y 16 millones de toneladas para la industria almidonera y fines pecuarios. El consumo de maíz amarillo asciende a 18.5 millones de toneladas”.

José Amadeo Hernández Barajas, presidente del CEN de la Central Campesina Independiente (CCI), considera que el optimismo de la Sader está fuera de la realidad.

“La falta de alimentos, la insuficiencia se nos vendrá muy fuerte, porque el presupuesto para el campo en 2021 resulta insuficiente…Hay que ser realistas. Pedimos que Sader dé la información correcta, porque habla de una producción de 29 millones de toneladas de maíz para este año y nunca hemos producido esa cantidad en los últimos años. Entonces, ¿de dónde sacó ese dato? Para esa producción es necesario abrir más tierra al cultivo, generar más siembra y que en cada hectárea haya aumentado la producción. Y no es así”.

Hernández agregó que en los últimos dos años (2019 y 2020), el presupuesto para el campo se redujo notoriamente. “No vemos una estrategia del Gobierno de la República para este año por la pandemia. Y si este año es difícil, para 2021 las consecuencias van a ser peores”.

En un año complicado por el Covid-19, entre enero y septiembre de este 2020 las exportaciones agroalimentarias alcanzaron los 29 mil 323 millones de dólares, un incremento de 38.4 por ciento respecto el mismo periodo del año pasado, informó la Sader hace una semana. Esto significa que el sector agroalimentario tuvo un superávit de nueve mil 700 millones de dólares al tercer trimestre de 2020, el mayor saldo positivo en 26 años.

Pero hay que ser cautos. El informe Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2020-2029, señala que México se consolidó desde el año pasado como exportador de varios productos agrícolas, pero como el resto del mundo, las consecuencias de la pandemia interrumpirán las perspectivas en general positivas y socavarán aún más la seguridad alimentaria.

México importa casi la mitad de los alimentos que consume, así como la mayor parte de los insumos, maquinaria, equipo y combustibles para la agricultura. El diagnóstico está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de la llamada Cuarta Transformación. Y también la meta: romper esa tendencia con al menos dos programas para lograr la ansiada autosuficiencia alimentaria nacional.

Sin embargo, en el primer año de su puesta en marcha ambos programas funcionaron a ciegas: sin reglas de operación, sin indicadores adecuados, sin información para medir su cumplimiento, sin padrones confiables, sin mecanismos para prevenir actos de corrupción y con tres mil millones de pesos sin comprobar, revelan dos informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2019.

Uno es Producción para el Bienestar, que administra directamente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y otorga apoyos económicos a productores agrícolas para dotarlos de liquidez y elevar la producción nacional de granos, café y caña de azúcar.

El otro es Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo descentralizado de la Sader. Éste busca incrementar el ingreso de los productores pequeños y medianos de maíz, frijol, arroz, trigo planificable y leche, comprando su producto a un precio pactado de antemano y superior al del mercado. El diferencial es pagado como un subsidio por parte del gobierno.

En este último caso el órgano fiscalizador encontró las mayores anomalías, empezando porque Segalmex gastó ocho mil 100 millones de pesos en 2019 cuando en el Presupuesto de Egresos sólo se habían autorizado seis mil millones.

Del total ejercido, la dependencia sólo pudo acreditar el destino de tres mil 924 millones en 45 mil 300 subsidios para la compra de maíz, frijol, arroz y trigo y otros mil 149 millones en gastos de operación.

La Segalmex no pudo acreditar el destino de los tres mil millones de pesos restantes.

Los mil 149 millones destinados a gastos de operación corresponden a 14.2 por ciento del gasto total del programa, cuando Segalmex sólo podía dedicar a este propósito un máximo de cinco por ciento.

Los apoyos que sí se pudieron comprobar se destinaron en su mayoría a grandes productores, en lugar de los pequeños y medianos a los que está dirigido. En el caso del maíz, los productores con mayores ingresos concentraron 68 por ciento de los subsidios; en el caso del frijol y del arroz, la mitad, y en el caso del trigo planificable, acumularon 41 por ciento.

No fueron los únicos problemas que encontró la Auditoría. La Segalmex careció de un padrón completo tanto de la población objetivo como de los beneficiarios del programa y tampoco acreditó que el total de beneficiados cumplieran con todos los criterios de elegibilidad.

Operó además sin un programa de adquisiciones por producto, no dispuso de un programa de acopio calendarizado de los destinos y cantidades de granos, no acreditó los informes y resultados de las tomas físicas de inventarios, no contó con mecanismos para el control de los inventarios ni de las mermas por producto y tampoco informó sobre el destino del maíz y la leche que fueron acopiados mediante el programa. También careció de metodología para fijar precios de garantía.

En lo que respecta al programa Producción para el Bienestar, el órgano fiscalizador advirtió “riesgos de corrupción” que pueden afectar su operación como que los beneficiarios no están obligados a cumplir con los objetivos al no existir sanciones en caso de incumplimiento, o que el personal de ventanilla encargado de atenderlos podía condicionar los apoyos.

Pese a ello, “los controles establecidos por la Sader para mitigar los riesgos de corrupción no fueron suficientes ni adecuados”, indica la ASF.

Se identificaron también apoyos que fueron entregados hasta el final de la época de siembra y no antes del ciclo agrícola, principalmente a productores en zonas indígenas de alta o muy alta marginación, además de que el programa tuvo mecanismos débiles para garantizar la calidad, confiabilidad y autenticidad de la información de los padrones de beneficiarios, revela el órgano fiscalizador.

Esto se hizo evidente porque en tres mil 246 apoyos, equivalentes a cinco mil709 millones de pesos, no se identificaron los tipos de cultivos subsidiados en tanto que en otras 14 mil ayudas, que sumaron 51 mil 770 millones de pesos, no se identificó el tipo de productor.

El programa tampoco consideró fuentes alternativas de ingresos para que los productores lograran una mayor autosuficiencia económica y no dependieran siempre de este apoyo con cargo al erario. (BERTHA BECERRA / SAÚL HERNÁNDEZ. EL SOL DE MÉXICO.)

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